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José Manuel Hernández Peguero
Nací el 10 de marzo de 1960 en Constanza, provincia La Vega, República Dominicana, siendo hijo de Oscar Hernández Rosario y Ana Altagracia Peguero de Hernández (Tatica). Tengo siete hermanos: Charo, Oscar, Ana María, Franklin, Lincoln, Rafael (Gagui) y Santiago.
Luego de completar mis estudios primarios y secundarios en La Vega, en la Escuela Montessori Miss Rhina y en el Colegio Agustiniano, donde me gradué de bachiller en 1978, me trasladé a la capital. En 1982, me gradué de Técnico en Seguros en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y en 1984 obtuve el título de Doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Me casé con Yanira Fondeur en 1987, y juntos procreamos a Laura, Pamela y Enrique. Somos abuelos de Amelia.
Mis suegros son Francisco Bolívar Fondeur Núñez y Nerva Eliana Gómez de Fondeur, quien ya falleció. Mis cuñados son Nerva Eliana, Miguelina, Mayra y Francisco Fondeur Gómez.
Desde 1978 he militado en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), iniciando como circulista hasta llegar a ser miembro del Comité Central. He representado al partido como delegado en varias ocasiones ante la Junta Central Electoral (JCE). En dos ocasiones, el Comité Político del PLD me seleccionó en las negociaciones partidarias para integrar la JCE.
Aspiró a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional en las elecciones congresuales y municipales del 2002, adoptando el slogan “Legislar para la Familia”.
Participé en las elecciones internas del PLD como precandidato a la alcaldía del Distrito Nacional en 2009 y como precandidato a senador en 2019.
En enero de 1990, junto a mi padre y tres de mis hermanos abogados, Ana María, Lincoln y Rafael, inauguramos nuestra oficina de abogados, desde donde ejercí la abogacía y me dediqué también a los negocios inmobiliarios.
El 18 de agosto de 2004 fue nombrado por el Presidente de la República, Leonel Fernández Reyna, como Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cargo que hasta desempeñó el 2008.
Como Procurador Fiscal del Distrito Nacional, tuve bajo mi dirección a 104 fiscales adjuntos y 400 empleados. Durante mi gestión, me correspondió implementar el Código Procesal Penal, que reemplazó al Código de Procedimiento Criminal, el cual estuvo en vigencia por más de 100 años.
Durante mi gestión como fiscal, establecí e implementé políticas que facilitaron el acceso a la justicia para la ciudadanía, creando 14 Fiscalías Barriales en barrios alejados de la sede central. Estas fiscalías, ubicadas en edificaciones con óptimas condiciones, contaban con un equipo multidisciplinario compuesto por un fiscal para asuntos comunes, una fiscal para casos de violencia intrafamiliar y de género, así como psicólogos. Su estructura administrativa incluía secretarios, paralegales, médicos forenses, miembros de la Policía Nacional, conserjes y mensajeros, brindando un servicio de excelencia a las víctimas de la violencia y la conflictividad social.
Además, concebí las Fiscalías Barriales con el objetivo de lograr que la ciudadanía se involucrara y participara en la solución de los conflictos de sus comunidades. Esto se logró mediante la integración de los residentes en los Voluntariados de Apoyo, promoviendo una participación activa en la justicia comunitaria.
Los voluntariados estaban compuestos por dirigentes y líderes comunitarios seleccionados por los residentes de las barriadas entre sus personalidades destacadas, como dirigentes de clubes, profesores, pastores cristianos y evangélicos, así como ciudadanos de reconocida solvencia moral. Estos voluntarios trabajaban honoríficamente en la mediación y orientación, luego de recibir capacitación universitaria, y en la implementación de acciones preventivas.
Durante mi gestión como Procurador Fiscal del Distrito Nacional (2004-2008), diseñé e implementé un nuevo sistema de atención y protección para mujeres y familias víctimas de violencia y conflictos. A tan solo 8 meses de mi designación, instalé la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género e Intrafamiliar y Delitos Sexuales, que opera en la avenida Rómulo Betancourt en la ciudad capital. Esta unidad reemplazó el anacrónico Departamento de Violencia contra la Mujer que funcionaba en el sector Villa Juana.
La Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, desde su creación, se ha convertido en el centro coordinador de las fiscales que atienden los casos de violencia de género e intrafamiliar en las Fiscalías Barriales del Distrito Nacional. Esta unidad se encarga de la investigación, persecución y judicialización de dichos casos, así como de la protección y atención a sus víctimas.
El departamento de Investigación de Delitos Sexuales opera en las mismas instalaciones de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia. Cuenta con fiscales y personal auxiliar especializado que investigan y persiguen a quienes cometen violación sexual, incesto, agresión sexual, acoso sexual, seducción, proxenetismo, pornografía infantil y aborto.
Los fiscales que investigan los casos de delitos sexuales son asistidos por ginecólogos forenses especializados, psicólogos y legistas, quienes están equipados con tecnología avanzada, como la Cámara Gesell, y trabajan en consultorios privados.
La nueva política de atención a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar, iniciada por mí durante mi gestión en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, incluyó en agosto de 2007 la creación del Centro de Atención a Sobrevivientes de la Violencia, el único en el país. Este centro proporciona atención psicológica y emocional a las mujeres que denuncian violencia, ayudándolas a superar el impacto y romper el ciclo de abuso. El programa incluye capacitación a las víctimas, concesión de préstamos a bajo interés para lograr su independencia económica y apoyo económico para su transporte a las sesiones en el local ubicado en la calle Hostos esquina con la calle Luperón, en el sector colonial de la ciudad capital.
En enero de 2006, puse en funcionamiento Línea Vida tras identificar que la comunicación rápida y efectiva era clave para que las víctimas recibieran atención inmediata al decidir denunciar la violencia. Esto fue posible a través de una central telefónica que ofrece a los ciudadanos el registro y la atención inmediata y gratuita de cualquier llamada de emergencia realizada por mujeres víctimas de agresiones, así como por niños y niñas que sufren maltratos y abandonos, entre otras acciones violentas.
El 15 de julio de 2008, inauguré el Centro de Intervención Conductual para Hombres, con el objetivo de adoptar un modelo de intervención dirigido a trabajar con los agresores en la rehabilitación de su conducta abusiva. Este centro tiene un carácter psicoeducativo y se encarga de desarrollar procesos de reflexión y sensibilización que facilitan el cambio de conducta en los hombres que ejercen violencia. De este modo, se busca que asuman parte de su responsabilidad a través de su asistencia a los procesos de intervención terapéutica.
El Centro de Intervención Conductual para Hombres basó su diseño en varios componentes estratégicos: evaluación, educación, referimiento, alianzas estratégicas, intervención terapéutica, trabajo social, seguimiento y prevención. Esto creó un espacio para satisfacer las necesidades de los usuarios en coordinación con instituciones y organizaciones aliadas en el proceso. Aplicando las acciones necesarias, el centro busca devolver a la sociedad hombres capaces de establecer relaciones afectivas saludables y contribuir así a la formación de una nueva masculinidad que fortalezca la institución de la familia.
La instalación de la Sala de Atención para Víctimas y Testigos culminó las acciones de la política adoptada en este sentido. Se habilitó un espacio físico en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que garantiza la seguridad de las víctimas y testigos que asisten a las audiencias y otras diligencias. Estas personas son acompañadas por una psicóloga y una abogada que les brindan asistencia gratuita y les empoderan emocionalmente para que puedan prestar sus testimonios ante los jueces, apoyando así las pretensiones y acusaciones de los fiscales. Además, se les proporciona el costo del pasaje y la comida para disminuir las excusas de inasistencia a las audiencias.
La recepción de las víctimas y testigos en esta Sala, hasta que se celebre la audiencia, garantiza que no sean objeto de agresiones, chantajes, informaciones distorsionadas e intimidaciones que busquen evitar su comparecencia ante los jueces, algo que sucedía mientras esperaban en los pasillos del tribunal o en las inmediaciones.
Sin duda, el cambio introducido por el magistrado Hernández Peguero en la atención al flagelo de la violencia de género e intrafamiliar refleja un compromiso firme con la atención integral de sus víctimas. Esto va más allá de simplemente recibir denuncias; el objetivo es acompañar a las víctimas hasta su plena recuperación física y emocional, empoderando a las mujeres al proporcionarles apoyo psicológico, recursos económicos y educativos que les permitan reconstruir sus vidas con independencia y seguridad.
En enero de 2012, el doctor José Manuel Hernández Peguero fue designado Juez del Tribunal Superior Electoral por decisión unánime del Consejo Nacional de la Magistratura, junto a los magistrados jueces Mariano Rodríguez Rijo, Mabel Féliz Báez, John Giuliani y Marino Mendoza.
Participé como Observador Electoral en las elecciones realizadas en Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Perú, Panamá, Puerto Rico, México y otros países.
En el marco de la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral Americana, organismo fundado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y celebrado en Panamá, fui designado como compilador académico del Anuario Latinoamericano de Jurisprudencia Electoral del 2015. Esta obra compila las 100 sentencias más importantes de los 10 tribunales electorales de los países integrantes de dicho grupo.
En mi desempeño como juez del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, cargo que ocupé hasta junio de 2017, participé en las V, VI y VIII Conferencias Iberoamericanas sobre Justicia Electoral, celebradas en República Dominicana, México y Brasil. También asistí a las V y VI Reuniones del Grupo de Jurisprudencia Electoral Americana en Panamá y Brasil, así como a las VII y VIII Jornadas Interamericanas Electorales en México.
En octubre del año 2017, redacté y produje el anteproyecto de “Ley de Paternidad Responsable”, el cual introduje ante la entonces Presidenta del Senado, Cristina Lizardo. Este proyecto busca facilitar a las madres solteras el registro paterno de nacimiento de sus hijos. La iniciativa fue asumida como proyecto de ley por los senadores, quienes lo han aprobado en dos ocasiones, aunque en ambas oportunidades ha perimido en la Cámara de Diputados.
El 13 de junio de 2011, entregué al entonces presidente del Senado de la República, Reynaldo Pared Pérez, un anteproyecto de ley destinado a facilitar el acceso a la justicia de las mujeres y familias víctimas de violencia o en conflicto, así como a eficientizar la Orden de Protección. Esta propuesta legislativa fue aprobada por los senadores el 5 de octubre de 2011.
El 1 de agosto de 2016, en ocasión de celebrar mis 29 años de matrimonio, puse en circulación, entre familiares y amigos cercanos, mi libro “Algo de mí”, que recopila 86 documentos de mis ideas, escritos, propuestas y discursos expuestos durante mi ejercicio como abogado y en los cargos de Procurador Fiscal del Distrito Nacional y Juez del Tribunal Superior Electoral.
El 11 de octubre de 2016, con el auspicio de la Fundación Corripio, puse en circulación mi libro “Compendio de Jurisprudencia Electoral Dominicana 2012-2016”, el cual recopila las principales sentencias del Tribunal Superior Electoral durante ese período. Este compendio está diseñado en un formato breve que facilita a los lectores la comprensión de los principios adoptados por este alto tribunal.
El 17 de julio de 2017, con el auspicio de la Fundación Corripio, publiqué mi libro “Reglamento Contencioso Electoral Anotado del Tribunal Superior Electoral”. Este libro contiene 407 anotaciones jurisprudenciales de las altas cortes dominicanas y tribunales extranjeros, aplicadas a las disposiciones procesales de mi tribunal.
Actualmente, milito en el partido Fuerza del Pueblo, donde soy miembro de su Dirección Central y desempeño la función de Delegado Técnico ante la Dirección de Elecciones de la Junta Central Electoral. Este cargo lo he ejercido desde 2018, cuando aún pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
